En el contexto actual de Venezuela, la tortura no puede entenderse como un exceso aislado ni como la desviación de algunos funcionarios. Es una manifestación profunda de la crisis del Estado de Derecho y una herida abierta en el pacto social. En ese sentido, los tratos crueles y degradantes representan la negación de la dignidad humana y la caída del Estado en el terreno de la barbarie, donde el poder sustituye a la justicia y la fuerza pretende ocupar el lugar de la ley, ocurriendo así la anulación del “yo” jurídico.
“El ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio”. — Immanuel Kant. Esta afirmación permite entender que el Derecho existe para que la libertad de cada persona pueda coexistir con la de todas las demás. Cuando el Estado tortura, destruye la posibilidad de esa coexistencia, pues la tortura convierte al ciudadano en objeto, en simple instrumento de poder.
En ese momento, el individuo deja de ser sujeto de derecho y pasa a ser materia manipulada por la arbitrariedad. Allí donde la persona es tratada como una cosa, el Derecho deja de existir. Es importante entender el Derecho como frontera de la civilización: no es fuerza, sino el límite que la racionalidad impone al poder, recordándonos que el Derecho es la frontera que separa la civitas del caos.
Si el orden jurídico no protege la integridad física y moral de las personas, pierde su legitimidad y el Estado se transforma en un aparato de dominación. Por eso, la dignidad humana no es un ideal abstracto, sino el fundamento de la ley. Cuando un Estado utiliza su estructura para infligir dolor, destruye la base moral que sostiene su autoridad. Sin dignidad no hay justicia; y sin justicia, solo queda la ley del miedo, evidenciándose la ruptura de la paz jurídica: la verdadera paz no nace del silencio, sino de la justicia.
El objetivo último del Derecho es la paz social. Pero esa paz no es el silencio de las cárceles ni la inmovilidad del terror, sino la confianza en que nadie será humillado arbitrariamente; precisamente allí la tortura destruye esa confianza. Introduce la incertidumbre, desmantela la previsibilidad del Estado de Derecho y convierte los derechos en privilegios precarios. En Venezuela, los tratos crueles no buscan solamente castigar: buscan enviar un mensaje político —“Tus derechos no te protegen”.
Por eso, la respuesta debe ser jurídica y ética al mismo tiempo: reivindicar el Derecho contra la barbarie es recordar que el poder tiene un límite infranqueable: la vida, la piel del ciudadano. En ese sentido, es fundamental utilizar la palabra y la ley como formas de resistencia. Documentar es hacer justicia con la memoria, y toda reconstrucción del orden jurídico comienza con la palabra y con el acto de registrar. El acto mismo de documentar cada caso de tortura, cada golpe, cada nombre, no es solo un acto de denuncia: es un acto jurídico fundamental. Registrar es rehumanizar.
En SeguimosLibres.org se sostiene que, aunque la violencia intente imponer silencio, el Derecho sigue siendo el único escudo legítimo contra la tiranía. Defender los derechos humanos es más que proteger la ley: es preservar la condición misma de humanidad. Parafraseando a Kant, la justicia no es un ideal distante, sino la condición que hace posible la existencia moral del mundo.