El análisis de flujos migratorios masivos se ha centrado en las causas económicas o en el fracaso de las políticas públicas. Sin embargo, el caso venezolano exige una lectura más amplificada: la migración debe ser entendida no sólo como un efecto colateral de la crisis, sino una estrategia de gestión poblacional diseñada para la supervivencia del régimen.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales desde 2014 hasta 2024 se han registrado 97.402 protestas en territorio nacional. Teniendo registros de 112.633 protestas desde el año 2.000. Agrupando los mayores números de protestas en los años: 2014, 2017, 2018 y 2019. A raíz de estos conflictos sociales producto a la crisis generalizada, sostenida y agravada del país, ha crecido la disidencia opositora.
Descontento que se transforma en un número social determinante en cuanto a escenarios de represión-control y riesgos para los intereses gubernamentales. Visibilizando a un ciudadano disidente como:
- Movilizador o creador de manifestaciones con efecto replica
- Protestas político-sociales que generan matrices de opiniones foráneas
- Organización en redes de resistencia en todos los sectores y gremios
- Costo político por encarcelamientos bajo un contexto de represión
- Procesos judiciales que no cumplen el debido proceso
Según Kelly M. Greenhill, pionera en el concepto de instrumentalización de la migración, los regímenes autoritarios realizan un cálculo de costo-beneficio sobre la disidencia, donde se pueden considerar causas y consecuencias. En ese sentido, se generan incentivos de represión estratégica basados en una ingeniería de expulsión pasiva, con el objeto de limpiar políticamente el país. Una posible caricatura de esto:
- I. Un preso político es un pasivo porque genera presión de organismos internacionales, moviliza a la opinión pública y requiere recursos para su custodia.
- II. Un migrante se convierte es un activo neto porque facilita o forja su salida, externalizándose así el conflicto del régimen. Consolidándose un estado de excepción tras el limbo jurídico.
Bajo este esquema, el individuo queda aislado por la crisis generalizada interna o por el desarraigo externo. Como advertía Alexis de Tocqueville, el despotismo prospera cuando los ciudadanos pierden sus vínculos de asociación
El régimen venezolano ha perfeccionado su modelo migratorio porque entiende que despojar a la oposición de su «músculo» y a la sociedad civil de sus líderes, le permite utilizar el esfuerzo del exiliado para estabilizar su propia cleptocracia. Entender este entramado rompe el triunfo estratégico del régimen con la diplomacia de las remesas que opera como calmante social e indicador macroeconómico.
Inviabilizar este despotismo requiere, por tanto, romper el ciclo de la desmovilización. Siendo crucial entender que la organización de la diáspora en un bloque de asociación civil es vital para generar presión política y social. Además de agenciar cohesión social y justicia transicional.